REACTIVACIÓN DEL CERSE: UN NUEVO MARCO INSTITUCIONAL PARA LA GOBERNANZA ESG EN ESPAÑA

La reactivación del Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas (CERSE), culminada con la aprobación del Real Decreto 301/2026, de 8 de abril, supone algo más que la recuperación de un órgano consultivo: representa el intento de volver a dotar a la política pública española de un espacio estable de interlocución, observación y propuesta en materia de responsabilidad social empresarial. El propio BOE recuerda que el pleno del CERSE no se reunía desde el 23 de enero de 2015 y que la nueva norma se aprueba precisamente para reactivar y dar un nuevo impulso a esta agenda en un contexto marcado por transformaciones ambientales, sociales y regulatorias.

Desde el punto de vista institucional, el cambio más importante es que el CERSE recupera una configuración más claramente institucional, cuatripartita y paritaria, adscrita al Ministerio de Trabajo y Economía Social a través de la Secretaría de Estado competente en esta materia. La norma redefine expresamente al Consejo como órgano colegiado interministerial, de participación institucional, asesor y consultivo del Gobierno, y lo sitúa como marco de referencia para el desarrollo de la responsabilidad social de las empresas en España. Además, el soporte técnico y de gestión queda atribuido a la dirección general competente en responsabilidad social empresarial, lo que refuerza su anclaje administrativo real.

En composición, la reforma apuesta por una arquitectura amplia y equilibrada: 14 vocalías empresariales, 14 sindicales, 14 de otras organizaciones e instituciones de reconocida representatividad e interés y 14 de las administraciones públicas, bajo presidencia de la persona titular del Ministerio de Trabajo y Economía Social. Entre esas “otras organizaciones e instituciones” se prevé expresamente la presencia de entidades del ámbito del consumo, medio ambiente, discapacidad, igualdad, no discriminación, diversidad, infancia, economía social, academia, personas expertas independientes y fundaciones o asociaciones especializadas en RSE. La norma añade, además, una exigencia explícita de composición paritaria y equilibrio entre mujeres y hombres en toda la estructura del Consejo.

Donde la reforma resulta más significativa para el ecosistema ESG es en la actualización funcional del CERSE. El Consejo pasa a tener entre sus cometidos la emisión de informes y estudios, la elaboración de una memoria anual al Gobierno y su constitución como observatorio de la RSE en España. Pero, sobre todo, asume funciones directamente conectadas con la nueva agenda de sostenibilidad corporativa:

• informe anual al Senado sobre la calidad de la información de sostenibilidad

• informe no vinculante sobre proyectos normativos con incidencia en RSE

• seguimiento de políticas empresariales en esta materia

• análisis de indicadores, estándares y modelos de reporte. La referencia expresa a la CSRD, a las Normas Europeas de Información sobre Sostenibilidad (ESRS), a GRI y al ISSB sitúa al Consejo en un terreno ya inequívocamente vinculado al reporting ESG contemporáneo.

También es relevante que el nuevo diseño del CERSE no se limita al reporting. La norma le encomienda impulsar la implantación de las Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales sobre Conducta Empresarial Responsable, promover la participación de las partes interesadas en planes de diligencia debida, fomentar la integración de la igualdad en las políticas empresariales y reforzar la incorporación de los riesgos climáticos y de transición en la gestión corporativa. A ello se suma una línea particularmente interesante para la práctica: el desarrollo de cláusulas de responsabilidad social en la contratación pública, con atención específica a evitar que las pymes queden excluidas de estos procesos.

La lectura de fondo es clara: el CERSE vuelve como un foro que puede contribuir a ordenar la conversación pública sobre sostenibilidad, buen gobierno y responsabilidad empresarial en España, conectando diálogo social, políticas públicas, empresa, sociedad civil y administraciones. No sustituirá la función regulatoria ni supervisora de otros actores, pero sí puede convertirse en un espacio útil para traducir al plano institucional cuestiones hoy centrales en la agenda ESG: materialidad, calidad del dato, diligencia debida, conducta empresarial responsable, transición climática y trazabilidad de las buenas prácticas. Que el Ministerio de Trabajo y Economía Social haya reforzado además el papel de la Dirección General de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas como órgano de diseño de políticas, interlocución, estudios y asistencia técnica al propio Consejo apunta en la misma dirección.

En términos estratégicos, el mensaje es doble: Por un lado, España intenta volver a dotarse de una gobernanza pública más visible en materia de RSE, tras años de inactividad efectiva del Consejo. Por otro, lo hace con un lenguaje mucho más alineado con la gramática europea de la sostenibilidad corporativa, incorporando referencias expresas a información de sostenibilidad, finanzas sostenibles, derechos humanos, clima y economía social. La reactivación del CERSE no resuelve por sí sola los retos de implementación, pero sí reabre una infraestructura institucional que puede resultar valiosa para dar coherencia, continuidad y legitimidad al desarrollo de la agenda de sostenibilidad en España.

Conclusión: luces y sombras del nuevo CERSE

Entre los principales puntos fuertes destaca, en primer lugar, la recuperación de un espacio institucional de diálogo multistakeholder, alineado con los estándares internacionales de gobernanza ESG. La composición equilibrada y paritaria refuerza la legitimidad del órgano y permite integrar visiones diversas en la toma de decisiones. Asimismo, la clara conexión con marcos como ESRS, GRI o ISSB posiciona al Consejo en la vanguardia del reporting de sostenibilidad, dotándolo de relevancia técnica y estratégica. Otro elemento positivo es su potencial como observatorio y generador de conocimiento, así como su capacidad para influir en políticas públicas clave como la contratación responsable o la diligencia debida.

En cuanto a las debilidades, persiste la naturaleza consultiva y no vinculante del CERSE, lo que puede limitar su impacto real si no se acompaña de voluntad política sostenida. La experiencia previa de inactividad durante más de una década introduce incertidumbre sobre su continuidad efectiva en el tiempo. Además, la amplitud de su composición, aunque positiva en términos de representatividad, puede dificultar la agilidad operativa y la adopción de consensos. Su capacidad de influencia dependerá en gran medida de su dotación de recursos, del peso institucional que se le otorgue y de su integración real en los procesos de diseño normativo y de supervisión del ecosistema ESG.

Un aspecto especialmente crítico del nuevo marco es la previsión de un Sello de Empresa Socialmente Responsable, cuyo desarrollo normativo y criterios de ponderación aún no han sido definidos con claridad. Esta indefinición abre un riesgo relevante: la posible superposición con sistemas de verificación y auditoría ya existentes, muchos de ellos más consolidados, exigentes y alineados con estándares internacionales como ESRS, GRI o los esquemas de aseguramiento independiente (ISO, AENOR, FORETICA, etc). Si el sello no se articula con rigor técnico y sin duplicidades, podría generar confusión en el mercado, diluir el valor de certificaciones más robustas y fomentar dinámicas de cumplimiento formalista o reputacional. Desde una perspectiva de gobernanza ESG, el reto no es crear un nuevo distintivo, sino garantizar su compatibilidad, complementariedad y coherencia con los marcos ya operativos, evitando así que se convierta en una capa adicional de burocracia o, en el peor de los casos, en un instrumento de validación menos exigente que los mecanismos de auditoría ya consolidados.

Fernando Navarro García

Presidente Ejecutivo