NUEVA LEY INTEGRAL DE IMPULSO DE LA ECONOMÍA SOCIAL: 10 CLAVES ESTRATÉGICAS PARA SOSTENIBILIDAD, GOBERNANZA E IMPACTO

La aprobación parlamentaria de la Ley Integral de Impulso de la Economía Social el 26 de marzo de 2026 marca un movimiento regulatorio de calado para uno de los segmentos más relevantes —y a menudo menos visibilizados— del tejido productivo español. No se trata de una reforma menor: el Congreso ha cerrado la tramitación de una norma que actualiza el marco jurídico de la economía social para adaptarlo a las nuevas condiciones económicas, sociales y tecnológicas, alineándolo además con el Plan de Acción Europeo para la Economía Social. En términos de mercado, la relevancia del sector justifica sobradamente la reforma: CEPES cifra la economía social española en 70.010 empresas, 2.576.499 empleos directos e indirectos y 20.026.930 personas asociadas; en una serie anterior, con datos sectoriales de 2022, el ecosistema alcanzaba 74.606 empresas y 2.505.607 empleos, lo que confirma una base empresarial de gran capilaridad territorial y fuerte impacto socioeconómico.

Desde una óptica de consultoría de sostenibilidad, la nueva ley debe leerse como una norma de transformación estructural: refuerza la trazabilidad institucional del sector, mejora sus herramientas de gobernanza, amplía ámbitos de actividad con clara conexión ESG y aumenta su encaje en las políticas públicas de empleo, cohesión territorial, transición energética e inclusión. Además, llega en un contexto de mejora estadística y de mayor capacidad de seguimiento del sector, ya que el Ministerio ha reactivado y perfeccionado la información oficial desagregada por comunidad autónoma, tamaño, sector y sexo, y CEPES destaca crecimiento entre 2020 y 2024 tanto en número de empresas como en empleo en cooperativas y sociedades laborales.

1. La ley consolida la economía social como infraestructura estratégica de sostenibilidad.
El propio objeto de la norma es “actualizar el marco normativo de la economía social” y adecuarlo a nuevas circunstancias económicas y sociales, con una orientación explícita hacia un desarrollo más sostenible y una mayor cohesión social. En lenguaje de estrategia corporativa, esto equivale a reconocer a la economía social no como un nicho asistencial, sino como un vehículo empresarial útil para políticas de impacto, creación de empleo y resiliencia territorial.

2. La reforma no afecta a una sola ley: reordena varias piezas nucleares del sistema.
El texto actúa sobre la Ley de Cooperativas, la Ley de Empresas de Inserción, la Ley de Economía Social, la Ley de Régimen Fiscal de las Cooperativas y, además, modifica la Ley de Contratos del Sector Público en materia de contratos reservados. Eso convierte la norma en una reforma transversal con efectos simultáneos en gobernanza interna, fiscalidad, acceso al mercado público, estadística sectorial y reconocimiento de nuevas figuras. Para operadores jurídicos, financiadores de impacto y administraciones públicas, esta transversalidad es probablemente uno de sus rasgos más relevantes.

3. Se digitaliza la gobernanza cooperativa y se refuerzan los derechos telemáticos.
El preámbulo del texto indica expresamente que la actualización de la Ley de Cooperativas busca optimizar la eficacia del funcionamiento interno, especialmente en lo relativo a formas de participación y al ejercicio de derechos digitales o telemáticos. Esta dimensión es clave desde una perspectiva de buen gobierno: reduce fricciones operativas, facilita la participación societaria, mejora la trazabilidad documental y acerca a las cooperativas a estándares organizativos más compatibles con entornos híbridos, descentralizados y multi-sede.

4. La igualdad deja de ser un principio genérico y pasa a desplegar instrumentos operativos específicos.
Uno de los avances más nítidos de la ley es la traducción del principio cooperativo de igualdad en mecanismos concretos de gestión, como el plan de igualdad cooperativo y la Comisión de Igualdad, con exigencia de transparencia y acceso a la información necesaria para su elaboración y seguimiento. Desde el punto de vista ESG, esto desplaza a muchas entidades desde un cumplimiento meramente declarativo hacia un modelo más auditable, con mayor capacidad de diagnóstico, seguimiento y evaluación periódica.

5. El legislador abre nuevos espacios de actividad con fuerte conexión a transición justa.
La ley incorpora o visibiliza actividades especialmente alineadas con la agenda de sostenibilidad. Entre ellas destacan las comunidades energéticas, las cooperativas en régimen de cesión de uso y actividades vinculadas a soberanía y producción alimentaria. En términos de política pública, esto conecta la economía social con tres vectores de alto interés: transición energética distribuida, acceso alternativo a la vivienda y resiliencia alimentaria. Para consultoría, financiación blended y desarrollo territorial, es una señal regulatoria de gran valor.

6. La vivienda cooperativa en cesión de uso obtiene un reconocimiento fiscal especialmente relevante.
La reforma del régimen fiscal de cooperativas introduce como cooperativa especialmente protegida a determinadas cooperativas de vivienda previstas en la Ley de Cooperativas, siempre que cumplan requisitos específicos. El texto identifica expresamente a la cooperativa de viviendas en régimen de cesión de uso, exigiendo que conserve la propiedad de las viviendas cedidas a sus socios. Esto no solo da seguridad jurídica a un modelo emergente, sino que puede actuar como palanca de escalado para fórmulas de acceso a vivienda más estables, menos especulativas y más coherentes con objetivos sociales de largo plazo.

7. El comercio justo entra en el perímetro normativo de la economía social con mayor claridad.
La ley introduce una disposición adicional específica para las entidades de comercio justo, permitiendo su integración en la economía social cuando desarrollen actividad económica o empresarial y respeten los principios de la norma. El propio texto vincula estas entidades con equidad, sostenibilidad ambiental, transparencia en el comercio global, salarios dignos, derechos de las personas y métodos de producción respetuosos con el medio ambiente y la biodiversidad. Pocas veces una ley sectorial conecta de forma tan directa con una narrativa de cadena de suministro responsable.

8. Las empresas de inserción ganan densidad operativa, estadística y de transición al empleo ordinario.
La reforma de las empresas de inserción no se limita a una actualización terminológica. El texto prevé información estadística semestral sobre número de empresas, sectores, personas trabajadoras en inserción y modalidad contractual; mantiene la lógica de transición al empleo ordinario y añade medidas de apoyo para personas procedentes de empresas de inserción, tanto para el trabajo autónomo como para fórmulas de economía social. Esto fortalece la capacidad de evaluación de impacto y acerca el modelo a una gestión más basada en evidencia.

9. La contratación pública reservada se convierte en una herramienta más potente de política social y de mercado.
La modificación de la disposición adicional cuarta de la Ley de Contratos del Sector Público refuerza los contratos reservados para centros especiales de empleo de iniciativa social y empresas de inserción, permitiendo fijar porcentajes mínimos de reserva del derecho a participar en determinados procedimientos o lotes. Además, la ejecución en programas de empleo protegido queda condicionada a un porcentaje de personas trabajadoras con discapacidad o en exclusión social que, en todo caso, sea de al menos el 30 %. Para el sector público, esto implica un instrumento más robusto de compra pública responsable; para el sector privado adjudicatario, una señal de que la dimensión social de la cadena de valor seguirá ganando peso en licitación y subcontratación.

10. La trazabilidad del sector mejora con un Catálogo estatal público, declarativo y electrónico.
La reforma crea o redefine el Catálogo de Entidades de Economía Social Estatal, que será público, de carácter declarativo y gestionado por medios electrónicos y telemáticos. Además, los órganos registrales estatal y autonómicos deberán remitir anualmente información sobre constitución, fusión, transformación o disolución de entidades, y los servicios estadísticos ministeriales elaborarán sus estadísticas a partir de este sistema. Para consultoría, análisis sectorial, due diligence, subvenciones y evaluación de políticas públicas, esta es una de las innovaciones más valiosas: mejora la calidad del dato, reduce opacidad y facilita la comparabilidad del ecosistema.

En conjunto, la nueva ley no solo actualiza el marco de la economía social, sino que la posiciona mejor frente a cuatro agendas simultáneas: sostenibilidad, buena gobernanza, inclusión laboral y reequilibrio territorial. Para cooperativas, empresas de inserción, entidades promotoras de vivienda asequible, comunidades energéticas, operadores de comercio justo y administraciones contratantes, el mensaje regulatorio es claro: la economía social gana institucionalidad, visibilidad y capacidad de acceso a instrumentos públicos. Para una consultora de sostenibilidad, la conclusión práctica es aún más clara: esta ley abre un nuevo campo de trabajo en compliance social, gobernanza participativa, medición de impacto, contratación pública responsable, transición energética comunitaria y reporting no financiero con enfoque territorial.